El reciente informe publicado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece todo lo contrario a lo expuesto por Jeanine Añez.

En un documento elaborado, la CIDH se baso en testimonios recaudados entre el 22 y 25 de noviembre, días en los cuales Bolivia sufrió “graves violaciones a los derechos humanos, de las que se derivan 36 muertos víctimas de la represión” desde que la coalición golpista manejada en los hechos por el empresario gasífero y supremacista blanco Luis Camacho adquirió el Palacio Quemado.

La postura de la CIDH, tiene un gran significado ya que no posee lazos políticos con el Mas, el partido de Evo Morales .

Por otra parte, dicho documento destaca la persecución militar a grupos por sus rasgos étnicos. “Personas reportaron la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento como la autodenominada ‘Resistencia Cochala’, un grupo armado y motorizado”.

Contradiciendo lo propuesto por el documento de la CIDH, el ministro de Gobierno Arturo Murillo abogado personal de Camacho y en los hechos articulador de una política de persecución contra el MAS que él mismo ha definido como “una cacería”, criticó con dureza las denuncias formuladas hechas por la CIDH: “Nos parece un informe totalmente sesgado, un informe que no refleja la realidad, un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo”. Además, como era de suponer, Murillo no comentó nada al respecto de la propuesta pública hecha por la CIDH en el sentido de formar un “Grupo Internacional de Expertos Independientes” para poder profundizar la investigación de la represión desatada en el país tras el exilio forzoso de Evo Morales en México.